El abogado Luis Alfonso Colmenares hizo duros cuestionamientos a los decretos que expidió el presidente Gustavo Petro para afrontar la emergencia social, económica y ecológica que vive La Guajira.
Explicó que se expidieron 13 decretos y uno de los más importantes es el decreto 1250, que busca garantizar el acceso al agua creando una entidad pública del nivel nacional como es el Instituto de la Gestión del Agua de La Guajira. “Eso me parece bien, pero va a darse una duplicación de esfuerzos con ESEPGUA, que se debe resolver para no generar una colisión de competencias”, afirmó.
“El decreto 1250 recoge todos los recursos para que sea ejecutado por la entidad del orden nacional y eso me parece bien porque reduce los niveles de corrupción. Yo le dije al presidente Petro en su momento que saque los recursos del departamento porque si los lleva allá es como si los llevara al mar, porque lo único que no se han robado en el departamento de La Guajira es el aire y la luz del sol. De resto, todo se lo han robado, La clase política en los últimos 30 años no le ha resuelto los problemas a la gente, pero sí ha habido cantidad de dinero que uno no sabe dónde están”.
Agregó que: “Planeación nacional ha señalado que en los últimos diez años a La Guajira le han robado 4 billones de pesos en regalías que nadie ve y la misma Oficina Anticorrupción de la Presidencia dijo que hay procesos que llevan más de 15 años sin mover una vocal ni un digito”.
“Otro decreto que tiene reparos es el 1274 porque no debía referirse a la creación de una universidad propia del pueblo wayúu, sino más bien fortalecer a la Universidad de La Guajira para desarrollar una extensión propia en la alta guajira, con enfoque étnico en la formación del pueblo wayúu como paso fundamental hacia el respeto de su identidad y conocimientos ancestrales”, afirmó Colmenares.
Un decreto al que se refiere el abogado es el referente al de la salud. “¿Por qué se tienen que morir los niños por desnutrición si allá hay IPS y EPS de los indígenas? Lo que ocurre es que el dinero se queda en los aparentes dueños de esas entidades que deberían tomar esos recursos para proteger a su propia etnia. Hoy se hace evidente que estas entidades están promoviendo sus candidatos, entonces sirven de instrumentos para la politiquería y la corrupción. Eso nadie lo puede negar, por eso yo estoy de acuerdo con el decreto que expidió el presidente en el sentido en que concentra y les crea un modelo propio intercultural para el departamento de La Guajira en razón a la crisis en la que está vive”,
Otro aspecto cuestionado es el decreto 1267, que tiene como objetivo reactivar el turismo en La Guajira. “Tengo dudas sobre su constitucionalidad porque no está realmente conectado con una crisis en el departamento, y en lugar de recurrir a decretos temporales lo más apropiado sería tramitar una ley ordinaria con medidas específicas de apoyo al turismo; igual que las Leyes 47 y 223 para los departamentos de San Andrés y Amazonas”, dijo Colmenares.
