El II Congreso Nacional de Restitución de Tierras se realiza los días 6, 7 y 8 de mayo en Barranquilla, consolidándose como el principal escenario del país para articular esfuerzos entre el Gobierno Nacional, la Rama Judicial, el Ministerio Público, las comunidades y la cooperación internacional.
El evento, liderado por la Unidad de Restitución de Tierras (URT), reúne a más de 180 actores clave, entre entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV), ministros, organizaciones sociales, campesinas y étnicas, con el objetivo de garantizar el cumplimiento pleno de la Ley 1448 de 2011 antes del final de su vigencia y avanzar hacia la reparación integral de las víctimas de despojo y abandono forzado con proyección al 2031.
Durante tres días, el Congreso desarrollará 13 paneles, cinco conferencias y seis mesas de trabajo en las que se definirán estrategias para fortalecer la política de restitución de tierras. Entre los temas principales se encuentran las soluciones duraderas, la restitución en ruta colectiva, el rol de las mujeres en el acceso a la tierra, la protección de territorios étnicos y el uso de herramientas tecnológicas para optimizar los procesos.
“El segundo Congreso Nacional de Restitución de Tierras será un espacio crucial para tomar decisiones sobre cómo garantizar los derechos de miles de familias que han padecido el despojo y la violencia en distintos territorios del país, y que todavía esperan la reparación y el acompañamiento del Estado”, afirmó Giovani Yule, director general de la URT.
Este encuentro también busca fortalecer la articulación entre la institucionalidad y los territorios, integrando las voces campesinas, étnicas y comunitarias en la toma de decisiones, con el propósito de consolidar una política más efectiva, incluyente y cercana a las realidades locales.
Finalmente, en el Congreso se presentarán los principales avances alcanzados durante el Gobierno de Gustavo Petro en materia de restitución de tierras. Entre ellos se destacan cifras récord en restitución étnica, la implementación del Modelo 8 de Seguridad Humana para garantizar el acceso a los territorios, nuevas rutas para sujetos colectivos campesinos y el fortalecimiento de enfoques diferenciales para poblaciones vulnerables.
Estos esfuerzos han generado resultados concretos: actualmente, el 60 % de las hectáreas inscritas y el 61 % de las hectáreas demandadas en toda la vigencia de la ley han sido gestionadas durante este Gobierno, marcando un punto de inflexión en la protección de los derechos de las víctimas.
