En entrevista exclusiva con Extranoticias, el abogado Miller Soto abordó uno de los temas más sensibles del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez: las interceptaciones telefónicas que fueron clave en el proceso. Soto aseguró que esas grabaciones, consideradas válidas por la justicia, se obtuvieron a partir de un error que nunca fue corregido, y que además vulneraron el principio de confidencialidad entre abogado y cliente.
Según explicó el jurista, las interceptaciones comenzaron en el marco de una investigación contra el entonces representante a la Cámara Milton Córdoba Manyoma. Sin embargo, por razones aún poco claras, en lugar de interceptar al congresista, se interceptó el número telefónico de Uribe. “Se dan cuenta inmediatamente del error, y aún así, o a pesar de eso, continúan esas interceptaciones”, afirmó Soto, añadiendo que se llegaron a realizar cerca de 20.000 grabaciones, a pesar de que no se corrigió la irregularidad.
El abogado también enfatizó que una parte de esas conversaciones interceptadas correspondía a comunicaciones entre Uribe y su abogado, Diego Cadena, lo cual viola el principio de confidencialidad profesional. “Ese privilegio en esa comunicación que debe existir entre el cliente y un abogado no se respetó tampoco”, señaló. Para Soto, esta falta de garantías debería haber invalidado esas pruebas desde el principio del proceso.
Más allá del debate jurídico, Miller Soto analizó el impacto que este fallo podría tener en el escenario político de Colombia de cara al 2026. Desde su perspectiva, el juicio ha generado un contraste que no pasa desapercibido por los ciudadanos. “¿Quiénes están celebrando la sentencia, el fallo condenatorio en contra del presidente Uribe? Basta con analizar eso. Personas que individualmente tienen el prontuario de un cartel y que están impunes, pontificando”, aseguró.
Soto considera que este tipo de contradicciones provoca una reacción de desconfianza y escepticismo entre la ciudadanía, que percibe una desproporción en el trato judicial hacia Uribe frente a otros actores con pasados criminales. Aunque reconoce que el expresidente, como cualquier otro gobernante, cometió errores, subraya que “lo que le está pasando es realmente injusto y desproporcionado con lo que le pasa a quienes son de verdad criminales”.
