El expresidente negó las acusaciones de la joven, quien aseguró que habría recibido contratos estatales a cambio de encuentros sexuales. En un comunicado publicado en X, cuestionó las denuncias y señaló que se estaría intentando indagar sobre su vida íntima.
El expresidente Gustavo Petro respondió este domingo a las denuncias de Deicy Jiménez, quien, en una entrevista con la revista SEMANA, aseguró que habría recibido contratos estatales a cambio de encuentros sexuales con el entonces congresista y posteriormente mandatario.
“Jamás he entregado un contrato a cambio de obtener relaciones sexuales. Vomitaría sobre mí mismo si alguna vez hiciera algo semejante”, afirmó Petro en un comunicado de dos páginas publicado en su cuenta de X, en el que rechazó los señalamientos.
La respuesta del exmandatario se produjo después de que Jiménez entregara su testimonio a la periodista Vicky Dávila. La mujer afirmó que conoció a Petro en 2019 y que, durante varios años, habría recibido contratos con entidades estatales, entre ellas el Senado, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Ministerio del Interior.
En su entrevista, Jiménez también habló de una presunta red de entre 30 y 40 mujeres que, según su relato, habrían obtenido contratos bajo una dinámica similar. Asimismo, hizo señalamientos relacionados con la compra de sustancias ilícitas. Estas afirmaciones no constituyen, por sí solas, hechos judicialmente comprobados.
Petro cuestiona las denuncias
En su pronunciamiento, el expresidente sostuvo que las acusaciones hacen parte de un intento de exponer aspectos de su vida privada. También cuestionó a quienes, según su versión, estarían detrás de los señalamientos y mencionó al Gobierno de Abelardo de la Espriella.
“Ante el intento de intromisión en mi vida íntima y sexual”, escribió Petro al presentar su comunicado, en el que negó haber cometido delitos en su vida sexual y rechazó haber utilizado su posición pública para obtener relaciones sexuales.
El exmandatario también se refirió a las políticas sociales dirigidas a mujeres en condiciones de vulnerabilidad. Aseguró que apoyar a mujeres de bajos ingresos, madres cabeza de hogar y trabajadoras sexuales mediante programas públicos es distinto a entregar contratos a cambio de encuentros íntimos.
El caso abre un nuevo frente político
Las declaraciones de Jiménez provocaron reacciones en distintos sectores políticos y abrieron un nuevo debate sobre el manejo de la contratación estatal durante el Gobierno Petro.
El Instituto Anticorrupción pidió a la Comisión de Acusación investigar los señalamientos relacionados con presuntas irregularidades en la contratación pública. La solicitud busca que las autoridades examinen las afirmaciones divulgadas y determinen si existen elementos que ameriten una investigación formal.
Entretanto, el Gobierno de Abelardo de la Espriella anunció la activación de una ruta institucional de protección para Jiménez, en coordinación con la Unidad Nacional de Protección (UNP), después de que se conocieran sus declaraciones.
Por ahora, el caso enfrenta dos versiones contrapuestas: la denuncia de Jiménez, quien asegura que hubo contratos vinculados a encuentros sexuales, y la negativa de Petro, quien rechaza haber utilizado recursos o cargos públicos con ese propósito.
La verificación de los documentos contractuales, los testimonios y las demás pruebas que puedan aportar las partes será determinante para establecer si existieron irregularidades y si hay responsabilidades legales.
