“Sólo cuando baja el nivel del agua se sabe quiénes nadaban desnudos”. Warren Buffet
AMYLKAR DAVID ACOSTA MEDINA
Ex ministro de Minas y Energía
Docente-investigador de la Universidad externado
Miembro de Número de la ACCE
Bogotá, julio 18 de 2026
El riesgo de un racionamiento simultáneo de energía eléctrica y de gas natural en Colombia es real, no es alarmismo y quienes lo hemos venido advirtiendo no somos catastrofistas, como se nos ha endilgado por parte de los escépticos, especialmente desde el Gobierno Nacional. Su materialización dependerá de las condiciones hidrológicas críticas que se espera con el Super Niño, el cual según los pronósticos de los principales centros meteorológicos será severo y prolongado, de la disponibilidad de combustibles para la generación térmica y de la rapidez con que se adopten medidas de contingencia. Y de contera, nos sorprende en medio de la crisis energética, inducida por lo demás por parte del mismo Gobierno, la más pavorosa en los últimos 30 años, lo que torna al Sistema interconectado nacional (SIN) más vulnerable, amén de su baja resiliencia frente al Cambio climático por depender en un 58% de toda la capacidad instalada de generación de la generación hídrica1.
El cuadro actual es patético: la demanda de energía crece a un ritmo endiablado del 5.75%, alcanzando una demanda máxima histórica de 261.86 GWHD y con tendencia a seguir creciendo debido al aumento del consumo atribuido a las altas temperaturas y a la creciente movilidad eléctrica, al punto que la demanda supera en este momento en 1971 GWH/año la Oferta de energía firme (OEF), así el SIN opere como un relojito suizo. Es más, según XM, que es la empresa que opera el Sistema interconectado nacional (SIN) y administra el mercado mayorista, actualmente en horas pico, que es cuando la demanda de energía es mayor, la capacidad instalada sólo está en capacidad de cubrir hasta el 90% de la demanda, es decir, se presenta un descalce del 10%.
Ello explica, entre otras cosas, que al corte del 3 de julio, XM reportó 36 restricciones energéticas por estado de emergencia y 48 por estado de alerta. Es más, entre abril y julio se impartieron por parte de XM 165 instrucciones de desconexiones, las que se denominan Esquema de deslastre automático de carga (EDAC) por baja frecuencia, que no es nada distinto que la desconexión de circuitos debido a sobrecargas ya sea en las líneas de transmisión nacional, regional, las subestaciones eléctricas y/o líneas de distribución. Con este procedimiento lo que se busca es proteger la estabilidad del SIN y evitar un corte masivo del fluido eléctrico.
El caso más crítico es el de la región Caribe, en la que desde 2023 se viene presentando un agotamiento de las redes de transmisión que transportan la energía desde el interior del país y en consecuencia se registra lo que se denomina demanda no atendida, que es un término eufemístico, pero que en la práctica es un racionamiento en la prestación del servicio, el cual se enmascara y disimula con el pretexto de los continuos anuncios de supuestos mantenimientos de redes. Recientemente Transelca, que es la que opera la red del Sistema de transmisión regional (STR), dio cuenta de que el 80% de la demanda no atendida en todo el país se concentra en la región Caribe.
De hecho, en un Comunicado reciente de XM se informó que 5.69 GWH “podrán no ser atendidos debido a la saturación del STR y debilidades en la configuración de la red, que hoy dificultan una operación segura”. A ello se viene a añadir la crisis que afronta el SIN por cuenta de la abultada deuda que tiene contraída la empresa Air-e, que le presta el servicio de energía a los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, la cual lleva intervenida por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos hace año y medio y hoy no está mejor que cuando estuvo peor.
En efecto, de los $4 billones que adeuda, $1.5 billones corresponde a la energía que le despachan las térmicas, poniendo a estas en calzas prietas, afectando su flujo de caja para la compra del gas que requieren para operar, amenazando con un efecto dominó que puede llegar a comprometer la prestación del servicio. Es de advertir que el caso Air-e es sólo la punta del iceberg, porque el riesgo de un apagón financiero, que es como lo han denominado la Contraloría General y la Procuraduría, está en ciernes hace rato.
Ya fue el propio Ministro de Minas y Energía Edwin Palma quien le hizo el requerimiento al Superintendente de Servicios Públicos para que le inyecte los recursos requeridos a Air-e, ya que “la falta de certeza sobre el pago de la energía que dichas plantas generan para atender la demanda, los generadores térmicos no están en condiciones de asumir compromisos financieros para la compra de gas”. Y ello, en momentos en los que en presencia del super Niño se precisa contar con la mayor generación del parque térmico para respaldar el SIN, dado que los generadores hídricos están dejando de generar energía para poder elevar el nivel agregado de los embalses hasta el 80% hacia el mes de agosto, como se lo requirió XM (¡!).
En el caso de la energía eléctrica, confluyen además varios factores de riesgo: la disminución de los aportes hídricos en los embalses durante períodos secos, que trae consigo el fenómeno de El Niño. El retraso en la entrada en operación de nuevos proyectos de generación y transmisión, la indisponibilidad de algunas plantas térmicas por falta de gas o por restricciones en el suministro de combustibles líquidos. A ello se viene a añadir el mantenimiento programado de las dos principales hidroeléctricas del país, Chivor y Guavio, la primera con una capacidad instalada de 500 MW, entre el 16 de octubre de este año hasta el 26 de junio del año entrante y la segunda de 1.260 MW entre septiembre y diciembre de este año. Y no se dispone de ninguna otra fuente de generación de energía para reemplazar la que ellas dejarán de despachar porque el SIN no cuenta con margen de maniobra alguno.
En cuanto al gas natural, la situación es igualmente delicada: la producción nacional ha venido disminuyendo debido al agotamiento natural de campos maduros y la declinación de los mismos. Después de tener una producción superior a los 1.000 millones de pies cúbicos diarios ahora está por debajo de los 700 millones de pies cúbicos, disminuyendo el 15% con respecto al año anterior. Ello explica que el porcentaje de gas importado desde diciembre de 2024 a esta fecha se ha incrementado desde el 20% al 33% (¡!) y se estima que para el año entrante este porcentaje se elevará hasta el 40%, por lo menos. Huelga decir que la mayor utilización de plantas térmicas durante el Niño incrementa significativamente la demanda de gas para generación eléctrica, compitiendo con la demanda residencial e industrial.
Lo más grave es que debido al negacionismo del gobierno de la escasez y el déficit de gas desde el 2023, advertido desde 2021 por parte de la Unidad de planeación minero-energético (UPME), en un estudio técnico para la adopción del Plan de abastecimiento de gas natural 2023–2038, se dilató prácticamente tres años la toma de la decisión por parte del Ministerio de Minas y Energía y la Comisión de regulación de energía y gas (CREG) para dar las señales de política y la regulación para la instalación de nuevas plantas de regasificación con el fin de expandir la capacidad de importación de gas y la contratación del mismo por parte de las empresas comercializadoras.
La única regasificadora con la que se cuenta (la SPEC, en Barú, Cartagena) está operando al límite de su capacidad (465 MMPCD), convirtiéndose este en un cuello de botella y de los proyectos de nuevas plantas regasificadoras el más avanzado es el de ECOPETROL en el Pacífico y este sólo entrará a operar finalizando este año y su capacidad es muy limitada, de sólo 60 MMPCD. Estamos, entonces, ante un estrés energético dual sin precedente y ante el riesgo inminente de un racionamiento en simultánea de energía y gas natural. Según cálculos recientes, una sola hora de racionamiento le costaría a la economía del país entre $175.000 millones y $204.000 millones y si el racionamiento se prolonga podría restar entre 1.5% y 1.7% del PIB. Y lo que es peor, el sector informal de la economía, que supera el 58%, llevaría la peor parte, por su alto grado de vulnerabilidad y por sus mayores dificultades para mitigar los cortes. Bien dijo el Nobel de economía Joseph Stiglitz que “quienes sufren más en una crisis son quienes no jugaron ningún rol en crearla”. Ello no es justo.
Bogotá, julio 17 de 2026
