El ex director de Cormagdalena Pedro Pablo Jurado informó que el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá falló el arbitramento entre la Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla y la sociedad portuaria Barranquilla International Terminal Company S.A. (BITCO) contra la entidad oficial.
“A través de esta decisión se eximió al Estado colombiano de pagar más de 20 millones de dólares a la Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla y 786.418 millones de pesos a Bitco, correspondientes a sus pretensiones en la demanda que inició su curso en 2019”, dijo el exvocero de Cormagdalena.
Indicó que el laudo arbitral sienta un precedente y les cierra las puertas a nuevas pretensiones de sociedades portuarias que siempre se quejan porque supuestamente pierden plata.
Indicó que las mencionadas sociedades portuarias hacían esta solicitud debido a presuntos incumplimientos en la obligación de mantenimiento del canal de acceso y el pago indebido por el concepto de contraprestación.
En el documento se dejó por sentado que los contratos de concesión no aparecen cláusulas que hagan referencia a la profundidad que debe tener el canal de acceso a Barranquilla.
Con esta demanda, la Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla pretendía que se declarara que Cormagdalena incumplió o cumplió de forma tardía, inoportuna, deficiente o defectuosa, su obligación de ejecutar las obras de mantenimiento necesarias para mantener los niveles de profundidad adecuados para la navegación y la actividad portuaria.
Además, estas sociedades portuarias buscaban que se reconociera que como resultado de esa situación estuvo imposibilitada para atender y prestar los servicios portuarios previstos en el contrato de concesión entre los años 2015 y 2019.
Ambas entidades expusieron, además, que se generaron daños y perjuicios a raíz de ese panorama, por lo que Cormagdalena estaba obligada a indemnizar los perjuicios económicos como consecuencia de la imposibilidad de atender y prestar los servicios portuarios previstos.
También pretendían que se declarara que Cormagdalena tenía la obligación de restablecer el equilibrio económico de los contratos de concesión debido a la imposibilidad de atender y prestar los servicios portuarios previstos, así como a la carga prevista para embarcar en las respectivas naves, durante el período comprendido entre los años 2015 a 2019.
Por esa razón exigían la extensión del plazo de la concesión hasta que se recupere la suma equivalente a dichos perjuicios económicos. En el caso de la Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla, el contrato finaliza en 2033.
