La continuidad de Senior se produce en medio de la disputa por la dirección de la institución, luego de que un fallo judicial dejara sin efecto el regreso de Silvia Gette y de que otro órgano universitario designara a Ana Bernarda Sajer como rectora.
La rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe vuelve a estar en el centro de la discusión institucional. Jorge Enrique Senior Martínez cuenta con el antecedente de su designación por parte del Ministerio de Educación Nacional y su posterior elección por el Consejo Superior para el periodo 2026-2030, en medio de las decisiones administrativas y judiciales que han marcado el rumbo de la institución.
Senior asumió inicialmente la rectoría en marzo de 2024, cuando el Ministerio de Educación lo designó en el marco de las medidas de vigilancia especial adoptadas para atender las dificultades administrativas y financieras de la universidad. En marzo de 2025, mediante la Resolución 004581, la cartera prorrogó su designación por un año adicional.
Posteriormente, el 9 de marzo de 2026, el Consejo Superior lo eligió como rector para el periodo comprendido entre el 12 de marzo de 2026 y el 11 de marzo de 2030. La decisión buscaba dar continuidad a su gestión mediante el mecanismo de elección establecido en los estatutos universitarios.
Disputa por la rectoría
La situación cambió en abril de 2026, cuando Silvia Gette regresó a la rectoría tras una decisión judicial que permitió su posesión. Sin embargo, el 9 de octubre, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Barranquilla revocó la providencia que había posibilitado su regreso y ordenó restablecer la situación jurídica e institucional anterior a esa decisión.
Tras ese fallo, Senior retomó sus funciones. No obstante, la controversia continuó luego de que el Consejo Directivo designara a Ana Bernarda Sajer Maldonado como rectora, decisión que abrió un nuevo capítulo en la disputa por la conducción de la universidad.
En medio de esta situación, integrantes de la comunidad universitaria han solicitado claridad sobre el reconocimiento de las autoridades y las medidas que deben adoptarse para garantizar la estabilidad administrativa y académica.
El papel del Ministerio de Educación
La intervención del Ministerio de Educación ha estado vinculada a las medidas de inspección y vigilancia especial que pesan sobre la institución desde años anteriores. Estas disposiciones buscan atender los problemas identificados en su funcionamiento y garantizar la continuidad del servicio educativo.
La designación inicial de Senior y su prórroga respondieron a ese marco de vigilancia. Su posterior elección para el periodo 2026-2030, en cambio, fue una decisión del Consejo Superior de la universidad.
La definición sobre quién ejerce actualmente la rectoría resulta determinante para la comunidad académica, integrada por estudiantes, docentes, trabajadores, egresados y directivos, que esperan estabilidad institucional y claridad en la toma de decisiones.
