El economista e investigador Reynaldo Torres señaló que pese a multimillonarios contratos del orden de los 2 billones de pesos, los problemas de los arroyos de Barranquilla no se han acabado y por el contrario están surgiendo unos nuevos.
También indicó que pese a que durante la Alcaldía de Alejandro Char en 2016 se canalizarían 7 arroyos, 6 años después solo 3 cuentan con actas de terminación.
El investigador resaltó una investigación periodística realizada por la W Radio, que evidenció la compleja situación que envuelve a las obras correspondientes a la canalización de los principales arroyos de la ciudad, un programa bandera en las administraciones anteriores y que se creía, había acabado con las problemáticas relacionadas con los fuertes caudales de agua en las calles de Barranquilla que provocan emergencias en temporadas de lluvias.
“Pese a que se había anunciado que las obras habían concluido y que la problemática de los arroyos en la capital del Atlántico estaba superada, incluso en el último año se han reportado vehículos arrastrados y damnificados por cuenta de las fuertes corrientes de agua”, indica el informe periodístico.
“Tenemos una gran preocupación por la manera en que se han venido utilizando los recursos en la ciudad porque obras que no entregaron a satisfacción o que todavía están en niveles de ejecución y no se acercan ni siquiera al 80 por ciento vamos a estar pagándolas hasta el año 2035”, afirmó Reynaldo Torres.
El estudioso en temas presupuestales de la ciudad señaló que las obras se realizaron después de que el Concejo Distrital autorizara un cupo de endeudamiento para la vigencia de 2016, por el orden de $622.000 millones específicamente para las 7 construcciones.
Explicó que las mismas obras fueron incluidas en un Certificado de Disponibilidad Presupuestal emitido para ese año. Sin embargo, de la totalidad antes mencionada, una de las canalizaciones nunca tuvo licitación, 3 tienen acta de suspensión y uno de los 3 que se terminaron, se ejecutó con recursos del año siguiente, es decir 2017.
“El cupo de endeudamiento fue por 622 mil millones de pesos, pero realmente a la ciudadanía le va a costar 2 billones de pesos porque esos compromisos van hasta el año 2035. Entre las obras se encuentran la canalización del arroyo de la 21 y del hospital, que todavía hoy, a pesar de la gran inversión, siguen generando molestias y afectaciones a los ciudadanos del suroriente de Barranquilla”, señaló.
Indicó que no solo es preocupante el tema de los arroyos en materia de inversión sino la manera de entregar la contratación. “Nos llama mucho la atención que utilizaron la modalidad “crédito a proveedor”, figura realmente cuestionada que en la práctica permitiría el ingreso de dineros de cualquier procedencia. Esa figura les permite a los privados que le hagan préstamos al Estado y se les pagan a estos una vez terminen las obras a satisfacción”, señaló.
Con respecto a esta modalidad de contratación, la W Radio afirma que: “Se conoció que por la modalidad utilizada denominada “crédito a proveedor”, solo se permitió la participación en la licitación de contratistas con grandes músculos financieros, a los que se les acordó pagos dentro de los contratos hasta por 20 años o hasta extinguir la obligación, en intereses que costarían hasta 3 veces el valor original de las obras, con giros que la administración Distrital realizaría en cada trimestre”.
Y agrega la investigación del medio de comunicación que: “La modalidad antes mencionada compromete al contratista a terminar la obra a satisfacción, y una vez esta sea entregada, el contratante, en este caso la Alcaldía, daría en un solo pago la totalidad pactada en el documento de adjudicación.
Y agrega que: “Esos mismos términos fueron utilizados en los contratos por los 6 arroyos más peligrosos de la capital del Atlántico y 2 de las arterias viales más importantes, la vía 40 y la avenida Cordialidad, por lo que solo se permitió la participación en la licitación pública de grandes contratistas con el suficiente músculo financiero para cubrir los gastos de construcciones de tal magnitud”.
De acuerdo con la W Radio, “en principio se ignoró en todos los contratos la obligatoriedad del certificado de disponibilidad presupuestal, CDP, que daría cuenta de la capacidad financiera del Distrito de Barranquilla para el pago de las obras, dejando aparentemente sin fundamento la proveniencia de los recursos”.
El investigador señaló que: “Cuando se hace un proceso de licitación bajo la modalidad de “crédito a proveedor”, eso limita la participación de los consorcios y solamente le da la posibilidad de participar a los que tienen grandes músculos financieros y respaldo de la banca”.
