Por incumplir la obligación de reportar
oportunamente la información relacionada con aspectos financieros y con eventos
de salud pública, la Superintendencia Nacional de Salud impuso multas que suman
2.030 millones de pesos contra las Secretarías de Salud de los departamentos de
Magdalena y Atlántico.
La multa más cuantiosa, por un valor de más de 1.160 millones de pesos, se impuso
a la Secretaría Seccional de Salud de Magdalena, debido a que entre 2019 y 2020
incumplió en al menos cuatro ocasiones las instrucciones y requerimientos hechos
por la Supersalud de remitir los soportes relacionados con la realización y
seguimiento de las mesas de saneamiento con las instituciones prestadores de
servicios de salud de ese departamento.
En este caso, la Superintendencia Delegada para Investigaciones Administrativas
tuvo en cuenta la importancia del componente de flujo de recursos,
fundamentalmente durante la época en que el país atravesaba por la emergencia
en salud pública, con ocasión de la pandemia de Covid-19, al ser las jornadas de
conciliación un paliativo para las IPS.
“Es preciso advertir que la falta causó un impacto no sólo en el adecuado proceso
de transmisión de la información para establecer las rentas que preferentemente
serán destinadas al sistema de salud, sino que también se generó un riesgo para la
Superintendencia Nacional de Salud diera cuenta del proceso de producción y
control de la información del flujo de recursos del sector salud, relacionada con las
mesas de saneamiento de cartera de la entidad territorial, con lo cual se interrumpió
naturalmente el proceso de inspección y vigilancia cuyo objetivo es advertir las
posibles inconsistencias en los datos generados por este tipo de vigilados del sector
salud”, señala la resolución sancionatoria del pasado 15 de febrero.
Adicionalmente, la Supersalud evidenció dentro del proceso investigativo que la
Secretaría Seccional de Salud de Magdalena era reincidente en estos hechos por
lo cual se produjo el agravamiento de la sanción, que fue de 1000 salarios mínimos
legales vigentes.
