La muerte de Valeria Afanador, la niña de 10 años que desapareció en Cajicá y fue hallada sin vida 18 días después cerca del río Frío, sigue sacudiendo a la opinión pública y poniendo en el centro de la discusión la seguridad que ofrecen los entornos escolares.
El domingo 31 de agosto, día en que familiares y allegados le dieron el último adiós, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, informó que el Gimnasio Campestre Los Laureles —institución donde estudiaba Valeria— está siendo investigado por la Gobernación. El proceso busca establecer si el colegio cumplía con los protocolos exigidos en materia de gestión del riesgo.
Según explicó el mandatario en diálogo con Alerta Bogotá, de confirmarse que la institución no aplicó de manera adecuada dicho plan, las sanciones podrían ser severas. “Es un proceso que, de comprobarse ineficiencias o fallas en la aplicación del plan de gestión del riesgo de la institución educativa, las decisiones pueden llegar hasta decretar el cierre del establecimiento”, precisó Rey.
El desenlace de esta investigación, sin embargo, no depende únicamente de los hallazgos administrativos. También será clave el dictamen de Medicina Legal, que deberá esclarecer las causas del fallecimiento de la menor. Si el informe concluye que Valeria estuvo sumergida en el río durante los 18 días sin rastros de violencia, el hecho podría ser considerado un accidente.
