El expresidente de Colombia y líder del Partido Liberal, César Gaviria, emitió un comunicado en el que responsabiliza directamente al actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por la profunda crisis que atraviesa el sistema de salud del país. Según Gaviria, la demolición deliberada del sistema ha sido liderada por el ministro, a quien acusa de omisión dolosa y de haber contribuido al desfinanciamiento progresivo de un derecho fundamental.
En el documento, el Partido Liberal señala que el 79% de los colombianos considera que la calidad del servicio de salud es paupérrima. A esta percepción se suman problemas como la fragmentación institucional, el colapso de las EPS y los retrasos sistemáticos en los pagos a hospitales y profesionales de la salud. Esta situación, advierte el comunicado, configura un panorama insostenible que pone en riesgo el acceso digno y oportuno a la atención médica.
“El ministro Jaramillo ha agravado fallas críticas que ya había señalado la Corte Constitucional”, afirma el texto, que menciona retrocesos como la desfinanciación de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el desconocimiento de sentencias clave y el uso de datos inconsistentes para calcular la suficiencia financiera del sistema. Además, denuncian un aumento de las tutelas relacionadas con salud (265.000 en 2024) y una caída alarmante en la afiliación al sistema.
Gaviria y el Partido Liberal también exigen que la Fiscalía General de la Nación abra una investigación formal contra Jaramillo y otros funcionarios responsables por acción u omisión en el colapso del sistema. Solicitan además que la Contraloría y la Procuraduría determinen las responsabilidades fiscales y disciplinarias correspondientes. Cuestionan, en particular, la actuación del Vicecontralor, a quien acusan de emitir informes imprecisos y de no atribuir responsabilidades al Gobierno.
Ante la gravedad del panorama, el Partido Liberal advierte que es urgente declarar un Estado de Cosas Inconstitucional en el sistema de salud colombiano. Esta figura permitiría una intervención estructural, inmediata y coordinada por parte de los órganos del Estado para frenar el deterioro progresivo del derecho a la salud. De acuerdo con el comunicado, esta medida no solo busca detener el colapso, sino también garantizar que los recursos públicos se administren con transparencia y que se recupere la confianza de los ciudadanos en el sistema.
Comunicado Completo:
