El Ejecutivo anunció vehículos blindados, sistemas antidrones, cámaras y nuevas estaciones de Policía para fortalecer la protección de los mandatarios y las comunidades de esta zona del departamento.
El Gobierno Nacional anunció un nuevo esquema de seguridad para los diez alcaldes del sur de Bolívar, tras identificar deficiencias en las medidas de protección de los mandatarios de esta región, afectada por diferentes problemáticas de orden público.
El anuncio se realizó durante un consejo de seguridad desarrollado en Santa Rosa del Sur, en el que participaron el ministro del Interior, Rodrigo Lara; el ministro de Defensa, Jorge Mora; integrantes de la cúpula de las Fuerzas Militares y la Policía, además de autoridades locales.
De acuerdo con Lara, durante la revisión de las condiciones de seguridad se encontró que ninguno de los alcaldes de los municipios considerados como zona de alto riesgo contaba con un vehículo blindado de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
La situación fue señalada por el funcionario como una de las prioridades que deberá ser atendida dentro del nuevo dispositivo de seguridad para la región.
Nuevas estaciones de polícia
Durante el consejo de seguridad también se planteó la construcción de nuevas instalaciones policiales. La propuesta surge luego de que tres estaciones de Policía ubicadas en Río Viejo, Norosí y Arenal fueran destruidas.
El Gobierno señaló que la recuperación de esta infraestructura será parte de las acciones para ampliar la presencia institucional en los municipios del sur de Bolívar.
Asimismo, los ministerios del Interior, Justicia y Defensa revisarán procedimientos y normas relacionados con la seguridad de la región, con el propósito de establecer medidas que permitan responder a las condiciones particulares del territorio.
Estrategia de protección
El ministro Rodrigo Lara también cuestionó durante el encuentro la distribución de los esquemas de protección durante la administración anterior. El funcionario sostuvo que el actual Gobierno pretende modificar los criterios utilizados para asignar estos recursos y concentrarlos en funcionarios y comunidades ubicados en zonas con mayores niveles de riesgo.
Los compromisos definidos durante el consejo de seguridad serán trasladados a las autoridades locales, que deberán avanzar junto con el Gobierno Nacional en la implementación de las medidas anunciadas.
Con estas acciones, el Ejecutivo busca reforzar la presencia institucional y las capacidades de seguridad en una región donde las autoridades enfrentan la actividad de grupos armados y diferentes economías ilegales.
